Expresidente Uribe presentó primer borrador de la propuesta de amnistía para los actores del conflicto en Colombia
(Mauricio Dueñas Castañeda Mauricio Dueñas Castañeda/)
Una semana después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciara una propuesta de amnistía general para los actores de conflicto armado en Colombia, tras una reunión en su hacienda el Ubérrimo en Córdoba con los representantes de la Comisión de la Verdad: el padre Francisco de Roux y el comisionado Leyner Palacios, el también exsenador presentó el primer borrador de su iniciativa.
Inicialmente, Uribe dio unas brochadas de su propuesta en una entrevista que concedió a la emisora La FM y posteriormente en su cuenta oficial de Twitter el exmandatario publicó su propuesta inicial que será debatida en su partido para robustecerla y radicarla en el Congreso.
El documento los encabezó bajo el título: “Para Superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”.
Allí, en primera medida, el político de mayor influencia en la historia reciente del país planteó que los condenados o procesados recuperen sus derechos políticos.
“Se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia”, se explica en el documento.
Pero seguido se aclara que esta propuesta solo acogería a quienes no estén implicados en infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
“Se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”, se agrega en el borrador.
También se aclaró en el texto que dicho beneficio solo se podrá otorgar por una sola vez para quienes sean acogidos por esa ley que propone Uribe.
“La ley, por una sola vez, ampliará los subrogados penales a favor de personas condenadas o procesadas, salvo por los delitos mencionados en el inciso anterior. Cuando el beneficiario de esta norma realice una conducta penal posterior, la pena se agravará en la mitad”, se advierte en el borrador del proyecto de ley.
Posteriormente, Uribe de nuevo reiteró en su propuesta de amnistía un tratamiento diferencial para los integrantes de la Fuerza Pública condenados o procesados.
“Los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este Acto Legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”, se aclara en la propuesta.
En el planteamiento del expresidente se aclara además que quienes se acojan a esa ley, deben reparar a las víctimas y contribuir a la verdad.
“Será deber de los beneficiarios de esta norma realizar una reparación a las víctimas, con pedido de perdón, cuando se haya causado el daño. Se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique auto incriminación”, se indica en el documento.
De esta manera, los partidos o movimientos políticos podrían incluir a estas personas en sus listas para los cargos de elección popular.
“Los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos podrán avalar candidatos beneficiarios de lo aquí dispuesto, a menos que se presente una sanción penal por hechos posteriores”, señala el texto.
Seguido, el borrador del proyecto de ley propone de nuevo un trato diferencial para los integrantes de la Fuerza Pública.
“En la Justicia Especial para la Paz, JEP, habrá una estructura especial para la investigación y juzgamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016. El principio de imparcialidad del juez debe garantizar que los miembros de esta estructura no hayan participado en denuncias, investigación, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quienes estén sometidos a esta jurisdicción”, se reitera en la iniciativa.
El texto concluye con que las desmovilizaciones de grupos armados al margen de la ley, posteriores a la promulgación de esa ley, se rijan por la ley 975 de Justicia, Paz y Reparación; así como un beneficio para los desmovilizados en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
“La ley definirá las condiciones para que personas desmovilizadas en el periodo 2002-2010 puedan ser admitidas en la Ley 975 de Justicia, Paz y Reparación, siempre que por alguna circunstancia no estén siendo procesadas de acuerdo con esta ley”, finaliza el borrador.
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