La relación México-Estados Unidos en alta tensión por reforma eléctrica
Una tormenta amenaza las relaciones entre Estados Unidos y México, estratégicas para ambos, que atraviesan una zona de alta tensión por un proyecto de reforma del mercado eléctrico que impulsa el gobierno mexicano y que preocupa a Washington.
«Febrero a mayo son meses que van a ser críticos», dijo a la prensa una fuente estadounidense en México.
Presentada en octubre, la iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer a las empresas públicas nacionales (Petróleos Mexicanos, Pemex, y la eléctrica Comisión Federal de Electricidad, CFE) frente al sector privado.
Este meteoro viene en forma de una reforma constitucional que debe ser aprobada en abril. El Congreso reanuda la sesión este martes.
La propuesta legislativa quiere corregir la apertura de mercado iniciada en 2013, en tiempos del presidente «neoliberal» Enrique Peña Nieto (2012-2018), denunciada por su sucesor, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa reserva al menos 54% de la producción para la CFE, contra el 38% actual y el 62% que detenta el sector privado.
«Las tarifas eléctricas podrán mantenerse por debajo de la inflación», espera el gobierno, cuando los precios rondan picos de 20 años (7,36% en 2021).
También propone un monopolio estatal de producción de litio, aunque respetaría concesiones ya otorgadas. México produce este metal estratégico para fabricar microprocesadores, aunque muy por debajo de Chile o Australia.
La reforma «amenaza al menos 44.000 millones de dólares en inversión privada en el sector energético en México», repiten pesos pesados demócratas en Washington.
«Si se aprueba, el gobierno mexicano podría cancelar permisos de energía renovable y contratos», se lee en una carta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, firmada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez.
-«Expropiaciones indirectas»-
«Uno de los puntos más discutidos de la reforma ha sido su propuesta de cancelar todos los contratos que se hayan firmado con empresas privadas para la producción y suministro de energía eléctrica», señala también la filial mexicana de la auditora internacional Deloitte.
«No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada», dijo esta semana la ministra de Energía, Rocío Nahle, sobre la reforma, que también preocupa a la española Iberdrola.
«Hay ciertos casos que pueden ser considerados como expropiaciones indirectas», dijo en octubre Valeria Vázquez, de Deloitte, a la publicación especializada Natural Gas Intelligence.
«Este es el caso de cuando el Estado no se apodera de un activo o propiedad, como una planta de energía, pero reduce el valor económico de un negocio», agregó.
Estados Unidos cuenta con los adversarios internos de la reforma constitucional, que debe ser aprobada por 2/3 de los miembros del Congreso y el Senado.
Entre ellos está el hombre fuerte del partido oficialista Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, que había anunciado un aplazamiento de la reforma hasta abril y quería que se enmendara.
También los gobernadores de estados que limitan con California y Texas, como Sonora y Baja California.
«Baja» quiere seguir conectada «a la cuarta economía más grande del mundo, que es California», dice la fuente estadounidense en México.
-Energías limpias-
Estados Unidos alega también que la reforma favorecerá las energías contaminantes a base de carbón, en detrimento de las energías «limpias» o «renovables».
«Es una mentira», afirmó Nahle. «En México, tenemos solo un 3% de producción eléctrica a base de carbón, frente a un 22% en Estados Unidos y más del 50% en China. Alemania ha retomado su producción eléctrica a partir de carbón», agregó.
«Cada país acomoda los recursos que tiene a su disposición, y en este punto no vamos a criticar a los demás», apuntó la ministra.
La reforma constitucional prevé revisar tres artículos de la Constitución Mexicana (27 al 29) que establecen que los recursos naturales son propiedad de la Nación.
«En el sistema de creencias mexicano, la energía es el tema central de la soberanía popular» y por ello el Estado «debe tener control», analiza el escritor y periodista Ricardo Raphael en el diario The Washington Post.
«No es el caso de Estados Unidos, donde el sector privado tiene una participación intensiva y el gobierno interviene solo como regulador de los mercados», apunta.
Buque insignia de la industria nacional, Pemex nació de la expropiación en 1938 de 17 empresas anglosajonas por parte del presidente Lázaro Cárdenas, un evento clave en la historia contemporánea de México.
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