Parlamento español admite solicitud para investigar pederastia en la Iglesia
El Congreso de los Diputados de España admitió este martes tratar una solicitud para lanzar una investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, primera iniciativa de este tipo en un país donde la Iglesia mantiene la opacidad.
La mesa del Congreso, el órgano ejecutivo de la Cámara Baja, admitió a trámite la propuesta, según anunció esa institución en un comunicado.
Ahora, para concretarse, tendrá que recibir luz verde de una mayoría simple en el pleno, en una fecha posterior aún por determinar.
La iniciativa la presentaron la semana pasada la izquierda radical de Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de coalición, y dos partidos independentistas de izquierda, el catalán ERC y el vasco EH Bildu.
Los socialistas, cuyo voto es determinante para que se materialice la comisión de investigación, han dicho estar abiertos a dar el sí, pero han señalado que quieren estudiar todas las opciones para indagar sobre los abusos en la Iglesia, como por ejemplo la posibilidad de crear una comisión independiente de expertos.
Esa opción, a semejanza de lo ocurrido en país como Australia o Países Bajos, la propuso el partido nacionalista vasco PNV, otra formación que suele votar junto al gobierno, minoritario en el Congreso.
La principal formación de oposición, el Partido Popular (PP, conservadores), rechaza una investigación a menos de que se amplíe para indagar la pederastia en «todas las instituciones» del país, y la tercera fuerza parlamentaria, la extrema derecha de Vox, se opone frontalmente.
Hasta ahora en España no ha existido una investigación oficial, ni del Estado ni de la Iglesia católica, sobre los casos de pederastia de religiosos, como sí ocurrió en Australia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania o Francia.
Sin estadísticas oficiales, el diario El País abrió un buzón para denuncias en 2018 y hasta ahora ha contabilizado 1.246 víctimas desde los años 1930.
La Iglesia católica española, que rechaza impulsar «de manera proactiva un programa de investigación general» de los abusos, reconoce solo 220 casos desde 2001.
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