‘Pateras-taxi’, precios disparados y rutas más peligrosas: así cambiaron las vías para llegar a España en plena pandemia
La pandemia de coronavirus ha dado un vuelco al fenómeno migratorio que tiene a España como destino. Si 2019 fue un año marcado por un frenazo de las cifras de personas que llegaron a nuestro país de forma ilegal (un total de 32.513, una caída del 49,4% respecto al año anterior), 2020 ha sido el curso en el que el fenómeno se ha transformado. Así lo expone la Fiscalía en su memoria anual, en la que se explica que el Covid ha provocado el incremento del número de migrantes que utilizan la ruta atlántica (y con ello, las muertes en esas aguas); realizando viajes incluso desde Senegal, algo no visto desde hace 15 años. También se ha producido un desplazamiento de mafias desde Marruecos a Argelia.
Durante el pasado año, el uso de la ruta atlántica fue mayúsculo. Sobre todo, en comparación con otras rutas. Según los datos del Ministerio del Interior consultados por 20Minutos, mientras en 2020 se registró un descenso del 24% del número de personas llegadas a la península y las Islas Baleares (16.610 frente a las 21.863 de 2019), a Canarias llegaron un 756% más de migrantes. En 2019 habían llegado apenas 2.687. En 2020, más de 23.000. Esto supuso también, según alertó la ONG Accem, que aumentasen las muertes en el Atlántico «más de un 300%, habiendo fallecido 849 personas frente a las 210 del año anterio»r.
Tal y como expone el Ministerio Público, a Canarias llegan embarcaciones desde Marruecos, Mauritania y Senegal. Desde este último país no se habían registrado viajes desde 2006. Y es que, es una travesía «muy peligrosa» de 10 horas de duración en embarcaciones cuyo tamaño medio es para 80 personas. Su precio es de entre 400 y 1.800 euros. Más pequeñas, de 20 personas, son las barcas que parten desde Marruecos. También las que parten desde Mauritania, donde las mafias utilizan cayucos en los que caben entre 7 y 10 personas, aunque los sobrecargan metiendo entre 40 y 60.
Por otra parte, el destino de las embarcaciones que salen desde Argelia son las costas de Almería, Murcia, Alicante, Granada y Baleares. Como se ha mencionado anteriormente, los migrantes llegados a estos lugares han sido menos que en 2019, pero el lugar de origen ha cambiado, produciéndose un desplazamiento de Marruecos a Argelia. Estos países, además, rompieron sus relaciones diplomáticas este verano. Las barcas utilizadas en estos casos no suelen llevar más de 12 inmigrantes, a los que les cobran 3.500 euros. A esa cifra se le suman otros 2.500 euros si los viajeros son marroquíes o subsaharianos. Es en este ámbito en el que la Fiscalía ha observado el crecimiento de las llamadas «pateras taxi»: en vez de abandonar las barcas cuando llegan a España, las mafias vuelven a las costas africanas para realizar nuevos viajes.
La Fiscalía diferencia dos tipos de organizaciones criminales que se lucran con la entrada ilegal de migrantes en España. En la ruta mediterránea «no son grandes organizaciones criminales», sino «pequeños grupos delictivos» que operan como «competidores y colaboradores». En el otro caso, se tratan de mafias que, dice el Ministerio Público, «constituyen un paradigma de crueldad y desprecio por la dignidad del ser humano».
«Como si fueran ganado trasladan a la península o islas españolas a niños, mujeres y hombres hacinados en embarcaciones extremadamente precarias en travesías muchas veces muy peligrosas. Con frecuencia finalizan en naufragios con muertes o en escenas de horror con personas desesperadas que se arrojan al mar o niños que mueren de sed», se puede leer en el escrito. También se narra cómo otras mafias trafican exclusivamente con menores. Bajo una red, captan a los mismos a través de sus familias. Una vez recibido el dinero cuando los traen a España, los distribuyen por centros de protección de menores.
El problema con todas estas organizaciones es la dificultad de lograr pruebas que permitan acusar y condenar a los miembros principales de estos grupos, porque los cabecillas están en Marruecos, Argelia y Somalia. Es por ello que la Fiscalía ve «necesario» establecer una «cooperación más cercana» con estos países, «desarrollar protocolos de actuación y convenios bilaterales que permitan el intercambio de información» con las policías de aquellos países.
Es en este marco en el que el Ministerio del Interior incluye donaciones de material de vigilancia. Como ya informó este periódico, en este verano la cartera de Fernando Grande-Marlaska ha donado a Mauritania, país clave en la ruta migratoria atlántica, varias terminales informáticas que permiten el acceso y el análisis de datos de dispositivos móviles y ordenadores que son capaces de inspeccionar documentos para «identificar falsificaciones y descubrir alteraciones» sin dañarlos. La inversión rondó los 100.000 euros.
Desde el Ministerio explicaron que Mauritania y países similares son destinatarios de fondos similares desde 2006. Además, el convenio bajo el que se regulan estas donaciones, que también llegan a Gambia, Ghana o Senegal, duplicó su presupuesto hasta llegar a los 3 millones de euros, siendo el anterior, de junio de 2020, de un millón y medio.